La Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) está proponiendo revertir la Regla de Arrendamiento de Petróleo y Gas en terrernos federales de 2024 — debilitando medidas de protección que se habían logrado con mucho esfuerzo para el público, los contribuyentes y los propietarios privados y dando a la industria del petróleo y el gas un mayor beneficio.

Esto es lo que implicaría el retroceso de las medidas de protección:

❌ Silenciala participación ciudadana. Elimina los períodos estándar de 30 días para la participación inicial del público y de 30 días para presentar comentarios sobre los borradores durante las revisiones de arrendamientos, dejando únicamente un período reducido de 10-días para presentar objeciones — además añade una nueva barrera de pagar para participar de $1 por página para las objeciones que superen las 50 páginas.

❌ Deja a los contribuyentes con la factura de la limpieza. Reduce las garantías financieras mínimas a los niveles de la década de 1960 — apenas $10,000 por arrendamiento y $25,000 a nivel estatal. Una garantía financiera de $10,000 cubre menos del 15% de los aproximadamente $71,000 que cuesta sellar y restaurar un pozo moderno. Con 7,722 pozos federales en producción en Colorado, esto expone a los contribuyentes a más de $518 millones en futuras obligaciones de limpieza cuando las empresas abandonan los pozos o se declaran en bancarrota.

❌Excluye a los propietarios privados. Elimina el requisito vigente desde hace mucho tiempo de notificar a los dueños de los terrenos cuando los minerales federales ubicados debajo de sus tierras agrícolas y ranchos son arrendados — abarcando más de 27,1 millones de acres de terrenos con propiedad dividida en Colorado.

❌ Elimina medidas de protección para el otorgamiento de arrendamientos. Elimina los "criterios de preferencia" que buscan mantener los arrendamientos alejados de hábitats críticos para la vida silvestre, fuentes de agua y zonas recreativas — argumentando que son "duplicativos".

❌ Aprueba automáticamente las propuestas de la industria. En combinación con la ley de reconciliación presupuestaria de 2025 que obliga a la BLM a arrendar los terrenos propuestos por la industria en un plazo de 18 meses, este retroceso deja a la agencia con muy poco margen para negarse — poniendo directamente en la mira lugares emblemáticos como la Meseta de Roan.

Esto va completamente en contra de lo que quiere Colorado. Según la Encuesta Conservation in the West 2026 del Colorado College, el 90% de los votantes de Colorado apoya mantener el requisito de que sean las empresas — y no los contribuyentes— quienes paguen los costos de limpieza; el 78% quiere que los líderes den prioridad a la protección del agua, el aire, la vida silvestre y las áreas recreativas por encima de maximizar la perforación petrolera; y el 74% se opone a acelerar el desarrollo de proyectos de petróleo y gas reduciendo la revisión ambiental y la participación ciudadana.