Los «acuerdos alternativos» excluyen al público del arrendamiento de petróleo y gas.
En respuesta a la «emergencia energética nacional», el Departamento del Interior adopta «medidas alternativas» para cumplir con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Según los nuevos procedimientos, la Oficina de Administración de Tierras (BLM) tiene solo 14 días para completar las evaluaciones ambientales, sin que el público tenga oportunidad de opinar. Para los proyectos que puedan tener un impacto ambiental significativo, la BLM solo tiene 28 días para preparar una declaración de impacto ambiental, seguida de un período de comentarios públicos de apenas 10 días.