Congress passes the “Big Beautiful Bill.” After public pressure, the provision to sell off public lands was removed. However, the bill still contains measures that give oil and gas companies free reign to lease more than 200 million acres of public lands, without public input. The American Petroleum Institute offered this quote: “This historic legislation will help usher in a new era of energy dominance by unlocking opportunities for investment, opening lease sales and expanding access to oil and natural gas development.”

The Senate Energy and Natural Resources Committee proposes adding the sale of up to 3 million acres of public lands to the budget reconciliation bill making its way through Congress. After widespread public outcry, the plan’s architect — Senator Mike Lee of Utah — removed it from the bill.

The House Natural Resources Committee votes to sell off more than 500,000 acres of public lands in a late-night amendment to reconciliation legislation. After widespread public outcry and leadership from the bipartisan Public Lands Caucus — including Colorado Rep. Joe Neguse — sell-off was stripped from the bill.

La Casa Blanca publica la solicitud de presupuesto del presidente Trump para 2026 al Congreso. En ella se aboga por "abrir tierras federales" al desarrollo inmobiliario, ceder "ciertas propiedades [de Parques Nacionales] a la gestión a nivel estatal" y "aumentar la autoridad de los Estados sobre la gestión de la tierra dentro de sus fronteras." La solicitud de presupuesto sólo sirve de guía formal para el Congreso, que en última instancia tiene el poder del dinero.

Los informes procedentes del Departamento de Interior indican que se espera que la Administración retire la protección a seis monumentos nacionales: Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni-Huellas Ancestrales del Gran Cañón y Bosque Ironwood en Arizona, Chuckwalla en California, Organ Mountains-Desert Peaks en Nuevo México, y los monumentos nacionales Bears Ears y Grand Staircase-Escalante en Utah.

Periodistas publican un plan interno del Departamento de Interior, que en gran parte parece una lista de deseos para los promotores inmobiliarios. El borrador del documento aboga tanto por "liberar" tierras públicas para la construcción de viviendas como por ceder "tierras y sitios patrimoniales a los estados."

El Secretario de Interior Doug Bergum y el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Scott Turner sugieren que "gran parte" de las tierras públicas del país son "aptas para uso residencial". Esto se produce mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) desmantela simultáneamente las propias agencias y recursos necesarios para abordar el acceso a una vivienda asequible.

En un orden ejecutiva de medianocheel presidente Trump parece revertir dos monumentos nacionales -Chuckwalla y Sattitla Highlands en California- para abrir tierras públicas protegidas al "desarrollo económico y la producción de energía". El lenguaje ha sido retirado desde entonces de la página web de la Casa Blanca y el estado de los monumentos sigue sin estar claro.

La administración Trump destruye las agencias federales de gestión de tierras, socavando su capacidad para gestionar eficazmente nuestras tierras públicas y preparando el terreno para justificar su privatización. Algunos 2.300 empleados son despedidos en el Departamento del Interior y 3.400 empleados del Servicio Forestal en el Departamento de Agricultura. Su futuro sigue siendo incierto mientras los despidos avanzan en los tribunales.

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para crear un fondo soberano, un fondo de inversión estatal que suele pagarse con los ingresos excedentes de la explotación de recursos naturales o el comercio. Dado que Estados Unidos tiene una deuda de unos 36 billones de dólares, no está claro de dónde saldría un superávit presupuestario. Dado que la industria del petróleo y el gas ya está perforando a tasas récord, los funcionarios de la administración Trump pueden apuntar a venta tierras públicas como la mejor opción de financiación.

Durante su audiencia de confirmación, el Secretario de Interior Doug Bergum pide el desarrollo de tierras públicas para pagar la deuda nacional. "[La tierra y los minerales] son el balance de Estados Unidos", afirma Bergum. "Si fuéramos una empresa, nos mirarían y dirían: 'Vaya, estáis restringiendo mucho vuestro balance'. ¿Saben lo que valen esos activos?".

A documento filtrado que enumera "Vender tierras federales" como uno de los puntos de un menú de prioridades de "reconciliación" esbozadas por los republicanos en el Congreso. La reconciliación es un proceso legislativo especial para avanzar rápidamente en las prioridades fiscales. En el Senado, los proyectos de reconciliación no necesitan alcanzar el umbral de los 60 votos.

El Congreso aprueba un paquete normativo que despeja el camino para la venta de tierras públicas al ordenar al gobierno federal que ignore los ingresos perdidos al transferir tierras a los gobiernos estatales y locales.

Utah presenta una demanda para hacerse con el control de 18,5 millones de acres de tierras públicas administradas por la Oficina de Gestión de Tierras. El Tribunal Supremo se negó a conocer del caso, pero esperamos que los ataques legales de Utah continúen, ahora con nuevos aliados en la administración Trump.